Bram Sable-Smith, Author at KFF Health News https://kffhealthnews.org Tue, 04 Nov 2025 12:11:42 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.4 https://kffhealthnews.org/wp-content/uploads/sites/2/2023/04/kffhealthnews-icon.png?w=32 Bram Sable-Smith, Author at KFF Health News https://kffhealthnews.org 32 32 161476233 Qué ocurre cuando tus médicos ya no están en la red de tu aseguradora https://kffhealthnews.org/news/article/que-ocurre-cuando-tus-medicos-ya-no-estan-en-la-red-de-tu-aseguradora/ Mon, 03 Nov 2025 21:33:41 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=2110776 El invierno pasado, Amber Wingler comenzó a recibir una serie de mensajes cada vez más urgentes del hospital local de Columbia, Missouri, informándole que la atención médica de su familia podría verse afectada pronto.

MU Health Care, donde practican la mayoría de los médicos que utiliza su familia, estaba inmerso en una disputa contractual con Anthem, la aseguradora de salud de Wingler. El contrato vigente estaba a punto de expirar.

Entonces, el 31 de marzo, la mujer recibió un correo electrónico alertándola de que al día siguiente el hospital ya no estaría en la red de Anthem.

La noticia la dejó atónita.

“Sé que negocian contratos todo el tiempo… pero parecía un simple trámite burocrático que no nos afectaría. Nunca antes me habían excluido de la red de una aseguradora de esa manera”, comentó. El momento no pudo ser menos oportuno.

La consulta: Cuando la aseguradora de salud de una madre de Missouri no pudo llegar a un acuerdo con su hospital, la mayoría de sus médicos quedaron repentinamente fuera de la red. Se preguntaba cómo conseguiría que se cubriera la atención médica de sus hijos o cómo encontraría nuevos médicos. “Para una familia de cinco… ¿por dónde empezamos?” — Amber Wingler, 42 años, de Columbia, Missouri

La hija de Wingler, Cora, de 8 años, había estado teniendo problemas intestinales sin razón aparente. Las listas de espera para ver a varios especialistas pediátricos y tener un diagnóstico, desde gastroenterología hasta terapia ocupacional, eran largas: iban de semanas hasta más de un año.

(En un comunicado, el vocero de MU Health Care, Eric Maze, afirmó que el sistema de salud trabaja para garantizar que los niños con las necesidades más urgentes sean atendidos lo antes posible).

De repente, las consultas con los especialistas para Cora estaban fuera de la red de su seguro. A varios cientos de dólares cada una, el costo se habría disparado rápidamente. Los únicos otros especialistas pediátricos dentro de la red que Wingler encontró estaban en St. Louis y Kansas City, ambos a más de 120 millas de distancia.

Así que Wingler pospuso las citas médicas de su hija durante meses mientras intentaba decidir qué hacer.

En todo el país, las disputas contractuales son comunes, con más de 650 hospitales involucrados en conflictos públicos con aseguradoras desde 2021.

Y podrían volverse aún más frecuentes a medida que los hospitales se preparan para recortes de aproximadamente $1.000 millones en el gasto federal en salud, según lo estipulado por la ley insignia del presidente Donald Trump, promulgada en julio.

Los pacientes atrapados en una disputa contractual tienen pocas opciones viables.

“Existe un antiguo proverbio africano que dice: cuando dos elefantes pelean, la hierba se aplasta. Y, lamentablemente, en estas situaciones, a menudo los pacientes son la hierba”, afirmó Caitlin Donovan, directora de la Patient Advocate Foundation, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas con dificultades para acceder a la atención médica.

Si te sientes aplastado bajo una disputa contractual entre un hospital y tu aseguradora, esto es lo que necesitas saber para protegerte financieramente:

1. “Fuera de la red” significa que probablemente pagarás más.

Las aseguradoras negocian contratos con hospitales y otros proveedores médicos para establecer las tarifas que pagarán por distintos servicios. Cuando llegan a un acuerdo, el hospital y la mayoría de los proveedores que trabajan allí pasan a formar parte de la red de la aseguradora.

La mayoría de los pacientes prefieren consultar con proveedores “dentro de la red” porque su seguro cubre parte, la mayor parte o incluso la totalidad de la factura, que podría ascender a cientos o miles de dólares. Si consultas con un proveedor fuera de la red, podrías tener que pagar la factura completa.

Si decides seguir con tus médicos habituales aunque estén fuera de la red, puedes consultar sobre la posibilidad de obtener un descuento por pago en efectivo y sobre el programa de asistencia financiera del hospital.

2. Las disputas entre hospitales y aseguradoras suelen resolverse.

Jason Buxbaum, investigador de políticas de salud de la Universidad Brown, examinó 3.714 hospitales no federales en Estados Unidos y halló que, entre junio de 2021 y mayo de 2025, un 18% de ellos tuvo una disputa pública con una compañía de seguros de salud.

Cerca de la mitad de esos hospitales finalmente se retiraron de la red de la aseguradora, según los datos preliminares de Buxbaum. Sin embargo, la mayoría de estas rupturas se resuelven en uno o dos meses, agregó. Por lo tanto, es muy probable que tus médicos vuelvan a formar parte de la red, incluso después de una separación.

3. Podrías calificar para una extensión que te permita reducir costos.

Ciertos pacientes con afecciones graves o complejas podrían calificar para una extensión de la cobertura dentro de la red, lo que se llama continuidad de la atención.

Puedes pedir esta extensión llamando a tu aseguradora, pero el proceso puede ser largo. Algunos hospitales han habilitado recursos para ayudar a los pacientes a solicitarla.

Wingler pasó por todo ese calvario por su hija: horas al teléfono, llenando formularios y enviando faxes.

Pero dijo que no tenía el tiempo ni la energía para hacerlo para todos los miembros de su familia.

“Mi hijo estaba en fisioterapia”, dijo. “Pero lo siento mucho, hijo, tú sigue con los ejercicios que tienes que hacer. No voy a pelearme para que tú también tengas cobertura, cuando ya estoy peleando por tu hermana”, se dijo.

También es importante tener en cuenta si se trata de una emergencia médica: en la mayoría de los servicios de urgencias, los hospitales no pueden cobrar a los pacientes más de las tarifas de su red.

4. Puede que tengas que esperar para cambiar de aseguradora.

Quizás estés pensando en cambiarte a una aseguradora que cubra a tus médicos favoritos. Pero ten en cuenta que muchas personas que eligen sus planes de salud durante el período anual de inscripción abierta quedan atadas a su plan durante un año. Los contratos entre las aseguradoras y los hospitales no necesariamente coinciden con el año de tu plan.

Ciertos acontecimientos de vida, como casarse, tener un hijo o perder el trabajo, pueden permitirte cambiar de seguro fuera del período anual de inscripción abierta, pero que tus médicos dejen de pertenecer a la red de tu seguro no se considera un acontecimiento de vida que te permita hacerlo.

5. Buscar un nuevo médico puede llevar mucho tiempo.

Si la ruptura entre tu aseguradora y el hospital parece definitiva, podrías considerar buscar una nueva lista de médicos y otros proveedores que estén dentro de la red de tu plan. ¿Por dónde empezar? Tu plan probablemente tenga una herramienta en línea para buscar proveedores dentro de la red cerca de donde vives.

Pero ten en cuenta que cambiar de médico podría significar esperar para establecerte como paciente de uno nuevo y, en algunos casos, tener que ir más lejos.

6. Vale la pena guardar los recibos.

Incluso si tu seguro y el hospital no llegan a un acuerdo antes de que expire su contrato, existe la probabilidad de que lleguen a un nuevo acuerdo.

Algunos pacientes deciden posponer sus citas mientras esperan. Otros mantienen sus citas y pagan de su propio bolsillo. Si es tu caso, guarda los recibos. Cuando las aseguradoras y los hospitales llegan a un acuerdo, este suele aplicarse retroactivamente, por lo que las citas que pagaste de tu bolsillo podrían estar cubiertas después de todo.

Fin de un suplicio

Tres meses después de que expirara el contrato entre la aseguradora de Wingler y el hospital, ambas partes anunciaron un nuevo acuerdo. Wingler se unió a la multitud de pacientes que programaron las citas que habían pospuesto durante la crisis.

En un comunicado, Jim Turner, vocero de Elevance Health, la empresa matriz de Anthem, escribió: “Abordamos las negociaciones enfocados en la equidad, la transparencia y el respeto por todos los afectados”.

Maze, de MU Health Care, dijo: “Comprendemos la importancia del acceso puntual a la atención pediátrica especializada para las familias y lamentamos profundamente la frustración que algunos padres han experimentado al intentar programar citas tras la resolución de las negociaciones de nuestro contrato con Anthem”.

Wingler se alegró de que su familia pudiera volver a ver a sus médicos, pero su alivio se vio atenuado por la determinación de no volver a encontrarse en la misma situación.

“Creo que seremos un poco más precavidos cuando llegue el período de inscripción abierta”, dijo Wingler. “Nunca nos habíamos preocupado por revisar nuestra cobertura de gastos de bolsillo porque no la necesitábamos”.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2110776
So Your Insurance Dropped Your Doctor. Now What? https://kffhealthnews.org/news/article/health-care-helpline-hospital-insurance-network-contract-disputes-what-to-do/ Wed, 29 Oct 2025 09:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?p=2102809&post_type=article&preview_id=2102809

Last winter, Amber Wingler started getting a series of increasingly urgent messages from the local hospital in Columbia, Missouri, letting her know her family’s health care might soon be upended.

MU Health Care, where most of her family’s doctors work, was mired in a contract dispute with Wingler’s health insurer, Anthem. The existing contract was set to expire.

Then, on March 31, Wingler received an email alerting her that the next day Anthem was dropping the hospital from its network. It left her reeling.

“I know that they go through contract negotiations all the time … but it just seemed like bureaucracy that wasn’t going to affect us. I’d never been pushed out-of-network like that before,” she said.  

The timing was awful.

The query: When a Missouri mom’s health insurance company couldn’t come to an agreement with her hospital, most of her doctors were suddenly out-of-network. She wondered how she would get her kids’ care covered or find new doctors. For a family of five, … where do we even start?”

Amber Wingler, 42, in Columbia, Missouri

Wingler’s 8-year-old daughter, Cora, had been having unexplained troubles with her gut. Waitlists to see various pediatric specialists to get a diagnosis, from gastroenterology to occupational therapy, were long — ranging from weeks to more than a year.

(In a statement, MU Health Care spokesperson Eric Maze said the health system works to make sure children with the most urgent needs are seen as quickly as possible.)

Suddenly, the specialist visits for Cora were out-of-network. At a few hundred bucks a piece, the out-of-pocket cost would have added up fast. The only other in-network pediatric specialists Wingler found were in St. Louis and Kansas City, both more than 120 miles away.

So Wingler delayed her daughter’s appointments for months while she tried to figure out what to do.

Nationwide, contract disputes are common, with more than 650 hospitals having public spats with an insurer since 2021. They could become even more common as hospitals brace for about $1 trillion in cuts to federal health care spending prescribed by President Donald Trump’s signature legislation signed into law in July.

Patients caught in a contract dispute have few good options. “There’s that old African proverb: that when two elephants fight, the grass gets trampled. And unfortunately, in these situations, oftentimes patients are grass,” said Caitlin Donovan, a senior director at the Patient Advocate Foundation, a nonprofit that helps people who are having trouble accessing health care.

If you’re feeling trampled by a contract dispute between a hospital and your insurer, here is what you need to know to protect yourself financially:

1. “Out-of-network” means you’ll likely pay more.

Insurance companies negotiate contracts with hospitals and other medical providers to set the rates they will pay for various services. When they reach an agreement, the hospital and most of the providers who work there become part of the insurance company’s network.

Most patients prefer to see providers who are “in-network” because their insurance picks up some, most, or even all of the bill, which could be hundreds or thousands of dollars. If you see an out-of-network provider, you could be on the hook for the whole tab.

If you decide to stick with your familiar doctors even though they’re out-of-network, consider asking about getting a cash discount and about the hospital’s financial assistance program.

2. Rifts between hospitals and insurers often get repaired.

When Brown University health policy researcher Jason Buxbaum examined 3,714 nonfederal hospitals across the U.S., he said, he found that about 18% of them had a public dispute with an insurance company sometime from June 2021 to May 2025.

About half of those hospitals ultimately dropped out of the insurance company’s network, according to Buxbaum’s preliminary data. But most of those breakups ultimately get resolved within a month or two, he added. So your doctors very well could end up back in the network, even after a split.

3. You might qualify for an exception to keep costs lower.

Certain patients with serious or complex conditions might qualify for an extension of in-network coverage, called continuity of care. You can apply for that extension by contacting your insurer, but the process may prove lengthy. Some hospitals have set up resources to help patients apply for that extension.

Wingler ran that gantlet for her daughter, spending hours on the phone, filling out forms, and sending faxes. But she said she didn’t have the time or energy to do that for everyone in her family.

“My son was going through physical therapy,” she said. “But I’m sorry, dude, like, just do your exercises that you already have. I’m not fighting to get you coverage too, when I’m already fighting for your sister.”

Also worth noting, if you’re dealing with a medical emergency: For most emergency services, hospitals can’t charge patients more than their in-network rates.

4. Switching your insurance carrier may need to wait.

You might be thinking of switching to an insurer that covers your preferred doctors. But be aware: Many people who choose their insurance plans during an annual open enrollment period are locked into their plan for a year. Insurance contracts with hospitals are not necessarily on the same timeline as your “plan year.”

Certain life events, such as getting married, having a baby, or losing a job, can qualify you to change insurance outside of your annual open enrollment period, but your doctors’ dropping out of an insurance network is not a qualifying life event.

5. Doctor-shopping can be time-consuming.

If the split between your insurance company and hospital looks permanent, you might consider finding a new slate of doctors and other providers who are in-network with your plan. Where to start? Your insurance plan likely has an online tool to search for in-network providers near you. 

But know that making a switch could mean waiting to establish yourself as a patient with a new doctor and, in some cases, traveling a fair distance.

6. It’s worth holding on to your receipts.

Even if your insurance and hospital don’t strike a deal before their contract expires, there’s a decent chance they will still make a new agreement.

Some patients decide to put off appointments while they wait. Others keep their appointments and pay out-of-pocket. Hold on to your receipts if you do. When insurers and hospitals make up, the deals often are backdated, so the appointments you paid for out-of-pocket could be covered after all.

End of an Ordeal

Three months after the contract between Wingler’s insurance company and the hospital lapsed, the sides announced they had reached a new agreement. Wingler joined the throng of patients scheduling appointments they’d delayed during the ordeal.

In a statement, Jim Turner, a spokesperson for Anthem’s parent company, Elevance Health, wrote, “We approach negotiations with a focus on fairness, transparency, and respect for everyone impacted.”

Maze from MU Health Care said: “We understand how important timely access to pediatric specialty care is for families, and we’re truly sorry for the frustration some parents have experienced scheduling appointments following the resolution of our Anthem contract negotiations.”

Wingler was happy her family could see their providers again, but her relief was tempered by a resolve not to be caught in the same position again.

“I think we will be a little more studious when open enrollment comes around,” Wingler said. “We’d never really bothered to look at our out-of-pocket coverage before because we didn’t need it.”

Health Care Helpline helps you navigate the health system hurdles between you and good care. Send us your tricky question and we may tap a policy sleuth to puzzle it out. Share your story. The crowdsourced project is a joint production of NPR and KFF Health News.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2102809
States Are Cutting Medicaid Provider Payments Long Before Trump Cuts Hit https://kffhealthnews.org/news/article/state-medicaid-cuts-reimbursement-big-bill-north-carolina-idaho-budgets/ Mon, 22 Sep 2025 09:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=2090924 Every day for nearly 18 years, Alessandra Fabrello has been a medical caregiver for her son, on top of being his mom.

“It is almost impossible to explain what it takes to keep a child alive who should be dead,” said Fabrello, whose son, Ysadore Maklakoff, experienced a rare brain condition called acute necrotizing encephalopathy at 9 months old.

Through North Carolina’s Medicaid program, Maklakoff qualifies for a large slate of medical care in the family’s home in Chapel Hill. Fabrello said she works with staffing agencies to arrange services. She also learned to give the care ordinarily performed by a doctor, skilled nurse, or highly trained therapist because she often can’t get help.

Now, broad cuts to North Carolina Medicaid will make finding and paying for care even more difficult.

Nationwide, states are scrambling to close budget shortfalls and are eyeing Medicaid, generally one of a state’s biggest costs — even before President Donald Trump’s hulking tax-and-spending law decreases federal spending on Medicaid by about $1 trillion over the next decade.

North Carolina and Idaho have already announced plans to cut Medicaid payments to health care providers, including hospitals, doctors, and caregivers.

In Michigan and Pennsylvania — where lawmakers have yet to pass budgets this year — spending on Medicaid is part of those debates. In Washington state, lawmakers approved cuts to the program that will not affect who is eligible, said Hayden Mackley, a spokesperson for the state’s Office of Financial Management.

Medicaid is government health insurance for people with low incomes or disabilities and both state and federal dollars pay for the program.

North Carolina’s Medicaid agency announced it will institute on Oct. 1 a minimum 3% reduction in pay for all providers who treat Medicaid patients. Primary care doctors face an 8% cut and specialty doctors a 10% drop in payments, according to the North Carolina Department of Health and Human Services.

Fabrello said her son’s dentist already called to say the office will not accept Medicaid patients come November. Fabrello fears dental work will become another service her son qualifies for but can’t get because there aren’t enough providers who accept Medicaid coverage.

Occupational and speech therapy, nursing care, and respite care are all difficult or impossible to get, she said. In a good week, her son will get 50 hours of skilled nursing care out of the 112 hours he qualifies for.

“When you say, ‘We’re just cutting provider rates,’ you’re actually cutting access for him for all his needs,” Fabrello said.

Shannon Dowler, former chief medical officer for North Carolina Medicaid, said that reduced payments to dentists and other providers will lower the number of providers in the state’s Medicaid network and result in “an immediate loss of access to care, worse outcomes, and cause higher downstream costs.”

The imminent cuts in North Carolina “don’t have anything to do” with the new federal law that cuts Medicaid funding, Dowler said.

“This is like the layers of the onion,” she said. “We are hurting ourselves in North Carolina way ahead of the game, way before we need to do this.” North Carolina alone is projected to lose about $23 billion in federal Medicaid dollars over the next decade.

More than 3 million North Carolinians are enrolled in Medicaid. Deadlocked state lawmakers agreed to a mini budget in July to continue funding state programs that gave the Medicaid agency $319 million less than it requested. Lawmakers can choose to reinstate funding for Medicaid this fiscal year, Dowler said.

“We all hope it changes,” Dowler said, adding that if it does not, “you’re going to see practices dropping coverage of Medicaid members.”

Each year since at least 2019, North Carolina’s Medicaid agency has asked for more money than it received from the state legislature. A variety of federal resources, including money provided to states during the covid-19 pandemic, helped bridge the gap.

But those funds are gone this year, leaving the agency with a choice: Eliminate some optional parts of the program or force every provider that accepts the public insurance to take a pay cut. The state opted mostly for the latter.

“It’s a difficult moment for North Carolina,” said Jay Ludlam, deputy secretary for North Carolina Medicaid. The cut in the budget is “absolutely the opposite direction of where we really want to go, need to go, have been headed as a state.”

For Anita Case, who leads a small group of health clinics in North Carolina, the cuts make it harder to take care of the “most vulnerable in our community.”

Western North Carolina Community Health Services’ three clinics serve about 15,000 patients in and around Asheville, including many non-English-speaking tourism workers. Case said she will look at staffing, services, and contracts to find places to trim.

Idaho has about 350,000 people enrolled in Medicaid. This month, state leaders there responded to an $80 million state budget shortfall by cutting Medicaid pay rates 4% across the board.

The broad cuts have raised backlash from nursing home operators and patient advocacy groups. Leaders of one nursing home company wrote in a recent op-ed in the Idaho Statesman newspaper that 75% to 100% of the funding at their facilities comes from Medicaid and the cuts will force them to “to reduce staff or accept fewer residents.”

Idaho Department of Health and Welfare spokesperson AJ McWhorter said the state faced tough choices. It forecasted 19% growth in Medicaid spending this year.

The Idaho Hospital Association’s Toni Lawson said the financial strain will be greatest at about two dozen small hospitals — ones with 25 or fewer beds — that dot the state. Lawson, the organization’s chief advocacy officer, said one hospital leader reported they had less than two days’ cash on hand to make payroll. Others reported 30 days’ cash or less, she said.

“Hopefully, none of them will close,” Lawson said, adding that she expects labor and delivery and behavioral health units, which often lose money, to be the first to go because of this latest state reduction in payments. Several hospitals in mostly rural areas of the state closed their labor and delivery units last year, she said.

Nationwide, Medicaid makes up an average of 19% of a state’s general fund spending, second only to K-12 spending, said Brian Sigritz, director of state fiscal studies for the National Association of State Budget Officers.

States generally had strong revenue growth in 2021 and 2022 because of economic growth, which included federal aid to stimulate the economy. Revenue growth has since slowed, and some states have cut income and property taxes.

Meanwhile, spending on Medicaid, housing, education, and disaster response has increased, Sigritz said.

In North Carolina, Fabrello has been unable to work outside of caring for her son. Her savings are almost exhausted, Fabrello said, and she was on the brink of financial ruin until North Carolina began allowing parents to be compensated for caregiving duties. She’s received that income for about a year, she said. Without it, she worried about losing her home.

Now, if the state reductions go through, she faces a salary cut.

“As parents, we are indispensable lifelines to our children, and we are struggling to fight for our own survival on top of it,” Fabrello said.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2090924
Cuando los pacientes quedan atrapados en medio de las peleas entre aseguradoras y hospitales https://kffhealthnews.org/news/article/cuando-los-pacientes-quedan-atrapados-en-medio-de-las-peleas-entre-aseguradoras-y-hospitales/ Tue, 02 Sep 2025 09:52:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=2081904 Amy Frank dijo que pasó 17 horas al teléfono durante casi tres semanas, rebotando entre su aseguradora y el sistema hospitalario local, para asegurarse de que el plan de salud cubriera la atención que su esposo necesitaba después de una cirugía.

Muchas de sus llamadas no pasaron de la música en espera. Cuando lograba comunicarse, el hospital le decía que llamara a su aseguradora. La aseguradora, a su vez, le pedía que el hospital enviara por fax un formulario a un número específico. El hospital respondía que se le había indicado enviarlo a otro número distinto.

“Era un gran vacío legal en el que quedamos atrapados, dando vueltas sin parar”, dijo Frank.

Ella y su esposo, Allen, enfrentaron esa maraña de frustración porque estaban entre los 90.000 pacientes del centro de Missouri atrapados en una disputa contractual entre University of Missouri Health Care (MU Health Care), un sistema de salud con sede en Columbia, Missouri, y Anthem, la aseguradora de la pareja.

Las empresas dejaron vencer su contrato en abril al no lograr un acuerdo para mantener al sistema hospitalario y sus clínicas dentro de la red del seguro.

Cada vez más personas en Estados Unidos se ven en aprietos similares.

En la ciudad de Nueva York, las negociaciones entre UnitedHealthcare y Memorial Sloan Kettering Cancer Center no llegaron a un acuerdo antes del 30 de junio, lo que dejó brevemente a algunos pacientes en el limbo hasta que se concretó un acuerdo al día siguiente.

En Carolina del Norte, Duke Health anunció recientemente que podría dejar de formar parte de la red de Aetna a menos que la aseguradora aceptara pagar tarifas más altas. Y los Frank casi quedaron fuera de la red el año anterior, cuando una disputa contractual en 2023 entre Anthem y un grupo de atención primaria en Jefferson City, Missouri, los obligó a cambiar algunos de sus proveedores a MU Health Care.

De hecho, el 18% de los hospitales no federales experimentaron al menos un caso documentado de enfrentamiento público con una aseguradora entre junio de 2021 y mayo de 2025, según hallazgos preliminares de Jason Buxbaum, investigador en políticas de salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Brown. En el mismo período, el 8% de los hospitales dejaron de estar dentro de la red de alguna aseguradora, al menos en forma temporal.

Según expertos de la industria, tendencias como la consolidación hospitalaria y el aumento de los costos médicos contribuyen a estas disputas, y políticas impulsadas durante la presidencia de Donald Trump podrían hacer que sean más frecuentes, ya que los hospitales se preparan para enfrentar recortes de aproximadamente $1.000 billones en el gasto federal en salud, como parte de una ley presupuestaria de gran alcance del  presidente.

“Van a ser más duros en las negociaciones con las aseguradoras porque van a estar en un estatus de supervivencia”, dijo John Baackes, ejecutivo de seguros jubilado y ex integrante de la junta de America’s Health Insurance Plans, el grupo gremial nacional que representa a la industria aseguradora.

Durante los tres meses de estancamiento entre la aseguradora y el sistema hospitalario en Missouri, los pacientes con planes de Anthem perdieron el acceso a cobertura dentro de la red con el proveedor médico más grande de la región, y, en algunas especialidades, el único.

La mayoría de las personas no podían cambiar de aseguradora a mitad de año y enfrentaban la opción de pagar precios más altos, posponer la atención, buscar nuevos proveedores o atravesar una pesadilla burocrática con la esperanza de que su condición médica calificara para una extensión de cobertura de 90 días.

La disputa ocurrió en un momento especialmente complicado para los Frank. Allen Frank se recuperaba de complicaciones luego de caerse del techo mientras limpiaba el revestimiento exterior de su casa en Rich Fountain en octubre. Amy lo llevó en auto 24 millas hasta la sala de emergencias más cercana. Hacía poco que MU Health Care había adquirido ese centro, en Jefferson City, y Allen fue trasladado en ambulancia terrestre 30 millas más hasta el hospital principal del sistema en Columbia, donde se le practicó una cirugía para colocarle dos placas metálicas y varios tornillos en la clavícula.

La consolidación del sistema de salud ha venido aumentando en todo el país durante las últimas tres décadas: desde 1998 se han anunciado más de 2.000 fusiones de hospitales, incluidas 428 entre 2018 y 2023. Las fusiones pueden generar eficiencias y algunos beneficios para los pacientes, pero también reducen la competencia en el mercado y fortalecen la posición de los hospitales en sus negociaciones con las aseguradoras.

“Los mercados de aseguradoras llevan tiempo estando consolidados”, dijo Buxbaum, de Brown. “Lo que ha cambiado es el nivel de consolidación de los hospitales”.

Ahora, si un sistema hospitalario deja de formar parte de una red, explicó, “no se trata solo de un hospital importante. Es mucho más probable que se trate de todos los centros clave o de una masa crítica de proveedores en el área”.

Para los pacientes, esto representa un escenario alarmante. Y por eso, la amenaza pública de romper relaciones se ha convertido en una herramienta poderosa en las negociaciones entre hospitales y aseguradoras. Esa táctica suele favorecer a los hospitales, comentó Baackes, “porque la suposición general es que la aseguradora es avara y el hospital está haciendo el trabajo de Dios”.

En un comunicado, Buddy Castellano, vocero de Elevance Health, empresa matriz de Anthem, escribió: “Abordamos las negociaciones con un enfoque en la equidad, la transparencia y el respeto para todos los afectados. Las discusiones sobre tarifas de los planes de salud son complejas y requieren una colaboración cuidadosa para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Nuestro compromiso es claro: asegurar el acceso a la atención médica mientras mantenemos la cobertura accesible para las familias, los empleadores y las comunidades a las que servimos”.

Allen Frank necesitó atención médica de seguimiento en los meses posteriores a la cirugía, incluida una segunda operación en julio.

Una ley federal conocida como Ley de No Sorpresas (No Surprises Act), que entró en vigencia en 2022, ofrece protección a algunos pacientes cuyos proveedores salen de la red por una disputa contractual. Las personas que están en tratamiento por condiciones graves pueden mantener las tarifas dentro de la red hasta por 90 días con sus proveedores actuales, lo que retrasa la necesidad de cambiar de proveedor o pagar más. Así que Amy Frank pasó horas al teléfono para lograr que su esposo pudiera continuar con la atención médica.

“Ya habíamos alcanzado el deducible. Si salimos de la red, tendríamos que empezar desde cero con el deducible”, explicó.

Finalmente, Anthem aceptó que Allen Frank continuara su tratamiento con MU Health Care. Pero cuando se presentó a una cita para una inyección en el hombro lesionado, le dijeron que el sistema de salud no tenía constancia de la autorización. Allen se negó a irse sin ser atendido y, finalmente, una enfermera logró comunicarse con Anthem para obtener el número de confirmación y la aprobación para la cita.

“Es muy frustrante”, dijo Amy Frank a principios de julio, antes de que las partes llegaran a un acuerdo. “Yo también tengo problemas médicos, pero no siento que sean lo suficientemente graves como para tener que pelear por la continuidad de mi atención”.

En un correo electrónico, el vocero de MU Health Care, Eric Maze, escribió: “Aunque nuestro objetivo era llegar a un acuerdo antes de que venciera el contrato y evitar interrupciones en la atención, establecimos procesos y recursos con anticipación para facilitar la continuidad de la atención y reducir la carga para nuestros pacientes. Entendemos y lamentamos el estrés y la preocupación que generó estar fuera de la red para muchos, y estamos profundamente agradecidos por la paciencia y la confianza que depositaron en nosotros durante este tiempo”.

El aumento de los costos médicos está impulsando las disputas contractuales. Los gastos hospitalarios aumentaron un 5,1% en 2024, según un informe reciente de la Asociación Estadounidense de Hospitales (American Hospital Association), superando la tasa de inflación, que fue de 2,9%. Los costos laborales son el principal factor: los salarios ofrecidos a enfermeros aumentaron un 26,6% más rápido que la inflación entre 2020 y 2024, según el informe.

Los hospitales buscan recuperar esos costos presionando a las aseguradoras para que paguen más por sus servicios.

El economista en salud de la Universidad de Washington en St. Louis, Tim McBride, dijo que esta dinámica podría empeorar aún más por la ley masiva de impuestos y gastos. Esta medida contempla recortes significativos al gasto federal en salud para la próxima década, incluyendo una reducción de 911.000 millones de dólares en Medicaid, y se prevé que provoque la pérdida de cobertura médica para 10 millones de personas.

Durante el colapso de las negociaciones entre MU Health Care y Anthem, la aseguradora afirmó que el hospital pedía un aumento del 39% en las tarifas durante tres años, mientras que el hospital aseguró que la aseguradora no se movía del 1%-2%.

El 30 de junio, tres meses después del inicio del conflicto, el Comité del Senado de Missouri sobre Seguros y Banca convocó a ambas partes a una audiencia que rompió el estancamiento de meses y provocó nuevas propuestas de Anthem.

“Anthem duplicó su oferta de aumento en las tarifas”, escribió en una publicación en Facebook la presidenta del Senado de Missouri, Cindy O’Laughlin, republicana cuyo distrito abarca partes del centro de Missouri, en una publicación del 8 de julio, alentando un acuerdo.

“Sí, sé que no estoy involucrada directamente ni soy la directora general de ninguna de las dos partes, pero por lo que me han dicho, esto parece una oferta razonable”.

Una semana después, las partes anunciaron un acuerdo con efecto retroactivo al 1 de abril, fecha en que venció el contrato anterior.

Amy Frank recibió varios mensajes de texto de amigos y familiares sobre el acuerdo. Ella había sido muy vocal con sus frustraciones, y querían asegurarse de que estuviera al tanto. Pero su alivio fue moderado.

“¿Y todo esto fue para nada?”, dijo al día siguiente del anuncio.

Ya había invertido horas al teléfono para asegurarse de que la cirugía de Allen del 31 de julio para reparar las placas en su clavícula estuviera cubierta. No tenía prisa por llamar a sus médicos para reprogramar las citas que había cancelado, imaginando que las líneas seguirían ocupadas. La experiencia la hizo preguntarse si ambas partes buscaban enfadar a la gente como táctica de negociación.

“Todo ese dinero por el que pelean… ¿realmente vale la pena todo este estrés?”, dijo.

Y después de haber vivido dos disputas en tres años, no puede evitar preguntarse: ¿cuánto tiempo pasará hasta la próxima?

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2081904
When Hospitals and Insurers Fight, Patients Get Caught in the Middle https://kffhealthnews.org/news/article/hospitals-insurers-contract-dispute-patients-coverage-in-limbo/ Tue, 02 Sep 2025 09:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=2074850 Amy Frank said it took 17 hours on the phone over nearly three weeks, bouncing between her insurer and her local hospital system, to make sure her plan would cover her husband’s post-surgery care.

Many of her calls never got past the hold music. When they did, the hospital told her to call her insurer. The insurer told her to have the hospital fax a form to a special number. The hospital responded that they’d been instructed to send faxes to a different number.

“It was just a big loophole we were caught in, going around and around,” Frank said.

Frank and her husband, Allen, faced that ellipse of frustration because they were among 90,000 central Missouri patients caught in the middle of a contract dispute between University of Missouri, or MU, Health Care, a Columbia, Missouri-based health system, and Anthem, the couple’s health insurance provider. The companies let their contract expire in April after failing to strike a deal to keep the hospital system and its clinics in-network.

A growing number of Americans find themselves in a similar pinch. In New York City, negotiations between UnitedHealthcare and Memorial Sloan Kettering Cancer Center missed a June 30 deadline, briefly leaving some patients in limbo until a deal was reached the next day. In North Carolina, Duke Health recently announced it could leave the Aetna network unless the insurance company agreed to pay more favorable rates to the health system. And the Franks were nearly caught out-of-network previously, when a 2023 contract dispute between Anthem and a primary care group in Jefferson City, Missouri, prompted the couple to switch some providers to MU Health Care.

Indeed, 18% of non-federal hospitals experienced at least one documented case of public brinksmanship with an insurance company from June 2021 to May 2025, according to preliminary findings by Jason Buxbaum, a health policy researcher at the Brown University School of Health. Over the same period, 8% of hospitals ultimately went out-of-network with an insurer, at least for a time.

Industry observers say long-standing trends like hospital consolidation and rising health care costs contribute to the disputes, and Trump administration policies could make them more frequent as hospitals brace for about $1 trillion in cuts to federal health care spending as part of President Donald Trump’s sweeping budget law.

“They’re going to be more hard-nosed at negotiating with the health plans because they’re going to be in a survival mode,” said John Baackes, a retired insurance executive and former board member of America’s Health Insurance Plans, the national trade group representing the health insurance industry.

During the three-month stalemate between the insurer and the health system in Missouri, patients with Anthem plans lost in-network coverage with the region’s largest — and, for some specialties, only — medical provider.

Most people were unable to switch insurance midyear and faced the choice of paying higher prices upfront, delaying care, finding new providers, or running a paperwork gauntlet in hopes their medical conditions qualified for a 90-day coverage extension.

The dispute came at a particularly inconvenient time for the Franks. Allen Frank was recovering from complications from falling off the roof while cleaning the siding of the couple’s home in Rich Fountain in October. When it happened, Amy drove him 24 miles to the nearest emergency room. The facility in Jefferson City had recently been taken over by MU Health Care, and Allen was soon transferred 30 miles farther by ground ambulance to the system’s main hospital in Columbia for surgery to insert two metal plates and several screws to repair his collarbone.

Health care consolidation has been booming nationwide for 30 years, with over 2,000 hospital mergers announced since 1998, including 428 from 2018 to 2023. Mergers may lead to some efficiencies and benefits for consumers, but they also reduce market competition and strengthen the hand of hospitals in negotiations with insurers.

“Insurer markets have been consolidated for a long time,” Brown’s Buxbaum said. “What’s changed is how consolidated the hospital markets have become.”

Now if a hospital system drops out of a network, he said, “it’s not just going to be one key hospital. It’s much more likely to be all the key facilities, or many of the critical mass of providers” in an area.

It’s a scary prospect for patients, making the public threat of a rupture a potent tool in negotiations between hospitals and insurers. That typically works in a hospital’s favor, Baackes said, “because the general assumption is the insurance is being greedy and the hospital is doing God’s work.”

In a statement, Buddy Castellano, spokesperson for Anthem’s parent company, Elevance Health, wrote, “We approach negotiations with a focus on fairness, transparency, and respect for everyone impacted. Health plan rate discussions are complex and require thoughtful collaboration to ensure long-term sustainability. Our commitment remains clear: ensuring access to care while keeping coverage affordable for the families, employers, and communities we serve.”

Allen Frank needed follow-up care in the months after his initial surgery, including a second surgery in July.

A federal law dubbed the No Surprises Act, which took effect in 2022, offers protections for some patients whose provider drops out of network due to a contract dispute. People getting treatment for serious conditions can keep their in-network rates for up to 90 days with their current providers, delaying the need to find a new one or face higher rates. So Amy Frank worked the phones to get that continuity of care for her husband.

“Our deductible was already met. If we go out-of-network, we’re going to have to start completely over for the out-of-network deductible,” she said.

Eventually, Anthem agreed to let Allen Frank continue his care with MU Health Care. But when he showed up for an appointment to get an injection in his injured shoulder, he was told the health system didn’t have a record of the approval. He refused to leave without being seen, and, eventually, a nurse was able to get through to Anthem to get a confirmation number and approval for the appointment.

“It’s just very frustrating,” Amy Frank said in early July, before the sides had reached a deal. “I’ve got my own medical issues, and I don’t feel like mine are bad enough to be fighting for a continuity of care.”

In an email, MU Health Care spokesperson Eric Maze wrote: “While our goal was to reach agreement prior to our contract terminating and to avoid disruption in care, we established processes and resources well in advance to facilitate continuity of care and reduce the burden for our patients. We understand and are sorry for the stress and concern being out of network created for many, and we are deeply grateful for the patience and trust placed in us during this time.”

Rising health care costs are fueling contract disputes. Hospital expenses grew 5.1% in 2024, according to a recent brief from the American Hospital Association, outpacing the 2.9% inflation rate. Labor costs are the biggest driver, with advertised nursing salaries rising 26.6% faster than inflation from 2020 to 2024, the brief noted.

Hospitals want to recoup those costs by pressing insurance companies to pay more for services.

Washington University in St. Louis health economist Tim McBride said that dynamic could be further enflamed by the massive tax-and-spending law. The measure makes significant cuts to federal health care spending over the next decade, including a $911 billion drop in Medicaid spending, and is expected to cause 10 million Americans to lose their insurance.

As negotiations between MU Health Care and Anthem broke down, the insurer claimed the hospital was seeking a 39% rate increase over three years, while the hospital said the insurer wouldn’t budge past 1%-2%.

On June 30, three months into the standoff, the Missouri Senate Insurance and Banking Committee called the two sides in for a hearing that broke months of deadlock and prompted new proposals from Anthem.

“Anthem doubled their rate increase offer,” Missouri Senate President Cindy O’Laughlin, a Republican whose district includes parts of central Missouri, wrote in a Facebook post on July 8, encouraging a deal.

“Yes I know that I’m not on the inside nor the CEO of either but from what I’ve been told this seems a reasonable offer.”

The sides announced an agreement one week later that was retroactive to April 1, the day the previous contract expired.

Amy Frank got several texts from friends and family about the agreement. She’d been so vocal about her frustrations, they wanted to make sure she’d seen the news. But her relief was subdued.

“So you put everybody through all of this for nothing?” she said the day after the deal was announced.

She had already sunk hours on the phone to ensure Allen’s July 31 surgery to repair the plates holding his clavicle together would be covered. She was in no rush to call her doctors to reschedule the appointments she’d skipped, figuring their phone lines would be busy. The experience had her wondering if the two sides were trying to get people upset as a bargaining tactic.

“That money that they’re fighting over — is that really worth all of the stress?” she said.

And after going through two disputes in three years, she can’t help but wonder: How long until the next one?

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2074850
New Medicaid Federal Work Requirements Mean Less Leeway for States https://kffhealthnews.org/news/article/medicaid-federal-work-requirements-less-leeway-for-states/ Tue, 05 Aug 2025 09:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=2067611 When President Donald Trump signed a law adding work requirements for some Medicaid recipients, he may have undercut lawmakers in at least 14 states who were designing their own plans, according to health industry observers.

Georgia is the only state with a work requirement in place for Medicaid, but several states have been pursuing such a policy for years, only to be blocked by courts or, most recently, the Biden administration. Some seek state-specific touches to the new rules. Others aim to implement work requirements before the federal law takes effect at the end of 2026.

These states’ moves and Trump’s massive tax-and-spending law share one demand: To keep their Medicaid health coverage, adults who can work must prove they’re logging a minimum number of hours at a job or school, or else qualify for one of the few exemptions.

But now, states that jumped ahead need to ensure their proposals, which require federal approval, don’t stray too far from Trump’s law.

“The statute sets both the floor and ceiling” for work requirements, said Sara Rosenbaum, a health law and policy professor with George Washington University.

South Dakota, for example, announced in July that it would not submit an application for work requirements as previously planned amid concerns that the state’s laxer rules would not be allowed under the new federal law. The state’s Department of Social Services secretary had warned that working on a state proposal while the federal rules are being hashed out could be “an exercise in futility.”

Arkansas’ plan, on the other hand, is more stringent than the federal law. There are no exemptions to its work requirements in the application, which is pending with the Centers for Medicare & Medicaid Services.

Arizona’s proposal also includes something that’s not in the federal law: a ban on “able-bodied adults” receiving Medicaid benefits for longer than five years total in their lives.

Arkansas and Arizona government officials said they were working with federal officials to square their plans with the new standards.

Andrew Nixon, a spokesperson for the U.S. Department of Health and Human Services, said the department is analyzing how the new federal standards interact with state waivers.

The federal health department must release rules by next June that outline how states are to implement work requirements, according to Elizabeth Hinton, who has been tracking such waivers as part of the Program on Medicaid and the Uninsured at KFF, a health information nonprofit that includes KFF Health News.

“We don’t exactly know what that will cover,” Hinton said.

It’s unclear how federal officials will respond to the states’ requests, she added, but “we are aware that some folks think there is no wiggle room here.”

States can tweak their Medicaid programs through what are known as demonstration waivers, which are subject to federal approval. The waivers are designed to test new ideas in policy gray areas.

The states that have filed or plan to file such applications with work requirements include Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Montana, New Hampshire, North Carolina, Ohio, South Carolina, South Dakota, and Utah.

Congressional Republicans who passed the budget reconciliation bill left room for states to use waivers to fast-track the national standards. Tara Sklar, a professor leading the University of Arizona’s Health Law & Policy Program, said she expects states seeking certain stricter requirements to have a chance of approval, while more lenient ones may face denials.

Federal officials may look favorably on Arizona’s plan, Sklar said, as a five-year lifetime Medicaid limit is different from work requirements. Even if the federal government greenlights stricter work requirements than the federal law calls for, those programs are likely to face legal challenges, she added.

The federal law includes an 80-hour-per-month minimum for work or education, with exemptions for certain adults, including people who are medically frail and parents with young, dependent children.

Montana is the first state to draft a waiver application since Congress finalized national work requirements. State lawmakers first approved work requirements — called “community engagement” standards under the state plan — in 2019, but the state’s application stalled through the end of the first Trump term and the Biden administration.

After Trump was elected again, Montana lawmakers lifted the 2025 expiration date of its Medicaid expansion program, making permanent the program that covered more than 76,000 adults in April, with the expectation that the Trump administration would approve work requirements. In mid-July, state officials released their draft plan to make that a reality “as soon as is practicable.”

The Montana plan largely aligns with the federal law, but it would create additional exemptions, including for people who are homeless or fleeing domestic violence.

Republican state Sen. Gayle Lammers said work requirements that also protect such people who need Medicaid were a big part of persuading legislators to keep the expansion program. At the time, officials didn’t know where the federal government would land on work requirements. And now, Lammers said, it makes sense for Montana to stick to its plan.

“The state should have a say,” Lammers said. “We’re very independent, and everyone is different.”

In South Carolina, state officials are seeking to roll out work requirements for a limited number of newly eligible Medicaid beneficiaries. South Carolina is one of 10 states that has not expanded Medicaid eligibility under the Affordable Care Act, and yet the state submitted a request with the federal government in June for a partial Medicaid expansion that includes a work requirement component that largely reflects the new federal standards.

In a letter to Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr., South Carolina Gov. Henry McMaster, a Republican, called South Carolina’s proposal “a state-specific solution.”

The only state with an active work requirement program now wants to scale it back and awaits federal approval to do so. “Georgia Pathways to Coverage” expires at the end of September unless CMS greenlights an extension of the program with a key change: requiring enrollees to document once a year that they’re working, not monthly. That’s a pivot away from the program’s initial design but also differs from the new federal rules, which call for checks every six months.

Fiona Roberts, a spokesperson for Georgia’s Medicaid agency, said the state is still waiting to hear whether it needs to alter its plan.

So Georgia is among the states in limbo, awaiting guidance from the federal government.

KFF Health News correspondents Sam Whitehead and Lauren Sausser contributed to this report.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2067611
Medicaid: nuevo requisito federal de trabajo deja a estados sin mucho margen de maniobra https://kffhealthnews.org/news/article/medicaid-nuevo-requisito-federal-de-trabajo-deja-a-estados-sin-mucho-margen-de-maniobra/ Tue, 05 Aug 2025 08:58:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=2070997 Cuando el presidente Donald Trump firmó una ley que agrega requisitos laborales para algunos beneficiarios de Medicaid, es posible que haya perjudicado a legisladores de al menos 14 estados que estaban diseñando sus propios planes, según observadores del sector de salud.

Georgia es el único estado con un requisito laboral para Medicaid, pero varios estados llevan años intentando implementarlo, solo para ser bloqueados por los tribunales o, más recientemente, por la administración Biden.

Algunos buscan modificaciones específicas a las nuevas normas para cada estado. Otros pretenden implementar los requisitos laborales antes de que la ley federal entre en vigencia a finales de 2026.

Las acciones de estos estados y la enorme ley de impuestos y gastos de Trump comparten una exigencia: para mantener la cobertura de Medicaid, los adultos que puedan trabajar deben demostrar que lo están haciendo por un mínimo de horas en un trabajo o estudiando, o bien calificar para una de las pocas exenciones.

Pero ahora, los estados que se adelantaron deben asegurarse de que sus propuestas, que requieren aprobación federal, no se alejen demasiado de la ley de Trump.

“El estatuto establece el mínimo y el máximo” para los requisitos laborales, afirmó Sara Rosenbaum, profesora de derecho y políticas sanitarias de la Universidad George Washington.

Por ejemplo, Dakota del Sur anunció en julio que no presentaría una solicitud para los requisitos laborales como se había planeado previamente, ante la preocupación de que las normas estatales, menos estrictas, no se permitieran bajo la nueva ley federal. El secretario del Departamento de Servicios Sociales del estado advirtió que trabajar en una propuesta estatal mientras se debatían las normas federales podría ser “un ejercicio inútil”.

El plan de Arkansas, por otro lado, es más estricto que la ley federal. No hay exenciones a sus requisitos laborales en la solicitud, que está pendiente en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

La propuesta de Arizona también incluye algo que no está en la ley federal: la prohibición de que los “adultos sin discapacidad” reciban beneficios de Medicaid por más de cinco años en total a lo largo de su vida.

Funcionarios gubernamentales de Arkansas y Arizona afirmaron estar trabajando con funcionarios federales para adecuar sus planes a las nuevas normas.

Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), afirmó que el departamento está analizando cómo interactúan las nuevas normas federales con las exenciones estatales.

El HHS debe publicar, antes de junio del próximo año, las normas que describan cómo los estados implementarán los requisitos laborales, según Elizabeth Hinton, quien ha monitoreando estas exenciones como parte del Programa de Medicaid y Personas sin Seguro de KFF, una organización sin fines de lucro dedicada a la información de salud que incluye a KFF Health News.

“No sabemos exactamente qué cubrirá”, declaró Hinton.

Hinton agregó que no está claro cómo responderán los funcionarios federales a las solicitudes de los estados, pero dijo que “somos conscientes de que algunos piensan que no hay margen de maniobra”.

Los estados pueden ajustar sus programas de Medicaid mediante las llamadas “exenciones de demostración”, sujetas a la aprobación federal. Estas exenciones están diseñadas para probar nuevas ideas en áreas política “grises”.

Los estados que han presentado o planean presentar solicitudes con requisitos laborales incluyen: Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Montana, New Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Utah.

Los republicanos del Congreso que aprobaron el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria permitieron a los estados utilizar exenciones para acelerar la aplicación de las normas nacionales. Tara Sklar, profesora a cargo del Programa de Derecho y Políticas de Salud de la Universidad de Arizona, afirmó que espera que los estados que soliciten requisitos más estrictos tengan posibilidades de ser aprobados, mientras que los más flexibles podrían ser rechazados.

Sklar dijo que oficiales federales podrían ver con buenos ojos el plan de Arizona, ya que un límite vitalicio de cinco años para Medicaid es diferente a los requisitos laborales. Incluso si el gobierno federal aprueba estos requisitos más estrictos que los que exige la ley federal, es probable que esos programas enfrenten impugnaciones legales, afirmó.

La ley federal incluye un mínimo de 80 horas mensuales para trabajar o estudiar, con exenciones para ciertos adultos, como personas con problemas médicos delicados y padres con hijos pequeños dependientes.

Montana es el primer estado en redactar una solicitud de exención desde que el Congreso finalizó los requisitos laborales nacionales. Legisladores estatales aprobaron inicialmente los requisitos laborales —denominados estándares de “participación comunitaria” según el plan estatal— en 2019, pero la solicitud del estado se estancó hasta el final del primer mandato de Trump y durante la administración Biden.

Luego de la reelección de Trump, los legisladores de Montana levantaron la fecha de vencimiento de 2025 de su programa de expansión de Medicaid, declarando permanente el programa que cubría a más de 76.000 adultos en abril, con la expectativa de que la administración Trump aprobara los requisitos laborales.

A mediados de julio, las autoridades estatales publicaron su plan preliminar para hacerlo realidad “tan pronto como sea posible”.

El plan de Montana se alinea en gran medida con la ley federal, pero crearía exenciones adicionales, incluso para personas sin hogar o que huyen de la violencia doméstica.

La senadora estatal republicana Gayle Lammers afirmó que los requisitos laborales que también protegen a las personas que necesitan Medicaid fueron un factor clave para persuadir a los legisladores a mantener el programa de expansión. En ese momento, las autoridades desconocían la postura del gobierno federal sobre los requisitos laborales. Y ahora, según Lammers, tiene sentido que Montana se apegue a su plan.

“El estado debería tener voz y voto”, afirmó Lammers. “Somos muy independientes y cada persona es diferente”.

En Carolina del Sur, las autoridades estatales buscan implementar requisitos laborales para un número limitado de nuevos beneficiarios de Medicaid elegibles. Carolina del Sur es uno de los 10 estados que no ha ampliado la elegibilidad para Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Sin embargo, en junio presentó una solicitud al gobierno federal para una expansión parcial de Medicaid que incluye un componente de requisito de trabajo que refleja en gran medida las nuevas normas federales.

En una carta al Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., el gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, calificó la propuesta estatal como “una solución específica para el estado”.

El único estado con un programa de requisito de trabajo activo ahora quiere reducirlo y espera la aprobación federal para hacerlo. “Georgia Pathways to Coverage” vence a finales de septiembre a menos que los CMS autoricen una extensión del programa con un cambio clave: exigir a los afiliados que documenten su trabajo una vez al año, no mensualmente. Esto representa un cambio con respecto al diseño inicial del programa, pero también difiere de las nuevas normas federales, que exigen verificaciones cada seis meses.

Fiona Roberts, vocera de la agencia de Medicaid de Georgia, afirmó que el estado aún espera saber si necesita modificar su plan.

Por lo tanto, Georgia se encuentra entre los estados en estado de incertidumbre, a la espera de la orientación del gobierno federal.

Los corresponsales de KFF Health News, Sam Whitehead y Lauren Sausser, contribuyeron con este informe.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2070997
To Keep Medicaid, Mom Caring for Disabled Adult Son Faces Prospect of Proving She Works https://kffhealthnews.org/news/article/medicaid-work-requirements-missouri-mom-caregiver-son-expansion-bill/ Thu, 03 Jul 2025 09:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=2054969 Four years before Kimberly Gallagher enrolled in Medicaid herself, the public health insurance program’s rules prompted her to make an excruciating choice — to give up guardianship of her son so she could work as his caregiver.

Now, another proposed twist in the rules could mean that, even though Missouri pays her to do that work, she might still have to prove to the state that she’s not unemployed.

The Kansas City, Missouri, resident has cared for her disabled son, Daniel, for all 31 years of his life. A rare genetic condition called Prader-Willi syndrome, in addition to autism, left him with an intellectual disability; a constant, excessive hunger; and an inability to speak. His needs left Gallagher, an elementary school teacher by training, with little opportunity to work outside her home.

As congressional Republicans slash about $1 trillion in federal Medicaid spending, Gallagher is among the 18.5 million Americans who could be required to prove that they work enough to keep their health insurance.

A budget bill that passed the House and Senate would require 80 hours of work or community service a month for adults who are insured through the Affordable Care Act’s Medicaid expansion program, which has allowed states to extend Medicaid coverage to more adults with low incomes. Forty states, plus Washington, D.C., have expanded their programs, additions that now cover about 20 million Americans, including Gallagher.

She enrolled in the coverage in December 2023, after she could no longer afford her private insurance. Before her husband died of cancer in 2019, the couple paid for private insurance and supported themselves on the income he earned as a master watchmaker. After his death, Gallagher was left to earn a living and find insurance on her own. At 59, she’s too young to collect her husband’s Social Security survivor benefit.

The Medicaid program that pays for in-home care for Daniel and 8,000 other Missourians with disabilities allows family members to be compensated for caregiving, but only if they’re not the legal guardian of the person they care for. So, Gallagher went to court to give up her rights to make decisions for her son and transfer authority to her parents.

“I think it’s appalling that it’s required, but it was necessary,” she said. “There was no way I could work outside of taking care of Daniel.”

Republicans have touted Medicaid work requirements both as a way to reduce federal spending on the program and as a moral imperative for Americans.

“Go out there. Do entry-level jobs. Get into the workforce. Prove that you matter. Get agency into your own life,” Mehmet Oz, administrator of the Centers for Medicare & Medicaid Services, said in a recent interview on Fox Business.

Democrats, meanwhile, have cast the requirements as bureaucratic red tape that won’t meaningfully increase employment but will cause eligible people to lose their health insurance because of administrative hurdles.

Indeed, the vast majority of Americans enrolled in Medicaid expansion are already working, caregiving, attending school, or have a disability, according to an analysis by KFF, a health information nonprofit that includes KFF Health News.

And while the Congressional Budget Office estimates the work requirement included in the House bill would cause 4.8 million Americans to lose their insurance, only about 300,000 of those people are unemployed because of lack of interest in working, according to the Urban Institute, a nonprofit research group. Recent history in states that have tried work requirements suggests technical and paperwork problems have caused a substantial portion of coverage losses.

Still, the provisions are generally popular among Republican lawmakers and the public. Sen. Josh Hawley (R-Mo.), who has repeatedly cautioned against cutting people off from Medicaid, has signaled support for adding work requirements.

And 68% of Americans favor the requirement described in the House bill, according to a recent poll conducted by KFF. But support for work requirements dropped as low as 35% when respondents learned that most Medicaid recipients already work and could lose their coverage because of paperwork requirements.

That’s what happened in Arkansas, where 18,000 people lost their Medicaid coverage in 2018 after the state phased in a work requirement. Thousands more were on pace to lose coverage in 2019 before a federal judge halted the requirement, largely over concerns about coverage losses. In discussions with focus groups, KFF found that many Arkansas Medicaid participants did not fully understand the requirements, despite the state’s outreach efforts, and some people didn’t receive mailed notices. Others were confused because the work-reporting paperwork and separate forms to renew Medicaid coverage asked for similar information.

Many family caregivers would be exempt from the work requirements proposed in Congress, but Gallagher probably would not, since she had to relinquish guardianship of her son to be paid for the work. While the hours she already logs should be enough to satisfy the requirement, she’ll need to report them again — unless the state can identify her through its existing data. But Missouri has a history of procedural problems in the state agency that administers Medicaid.

In early 2022, for example, Missouri was taking more than 100 days on average to process applications for Medicaid expansion, a wait that prompted patients to put off needed care and was more than twice the processing time allowed by federal law.

And 79% of the more than 378,000 Missourians who lost Medicaid coverage when covid-era enrollment protections ended in 2023 did so because of procedural reasons.

The next year, a federal judge ruled that Missourians were illegally being denied food aid by the state, in part because insufficient staffing at call centers left eligible people without assistance.

“They’re historically understaffed,” Timothy McBride, a health economist at Washington University in St. Louis, said of the state agency that administers Medicaid and food assistance. “I think that’s really the underlying problem.”

McBride’s analysis of Missouri’s Medicaid recipients found that fewer than 45,000 of the people enrolled in expansion in 2023 were unemployed for reasons other than caregiving, disability, attending school, or retirement. But more than twice that many Missourians could lose their insurance if work requirements prompt disenrollment rates similar to Arkansas’ implementation, according to a study from the Center on Budget and Policy Priorities, a left-leaning think tank that analyzes government policies.

The estimate assumes many otherwise eligible people would still lose coverage as a result of falling through the cracks, McBride said.

Hawley, who backed the Senate bill, declined to comment for this article. The senator previously told reporters that “we can sort that out” when asked about eligible people inadvertently losing Medicaid because of work requirements.

Gallagher worries about her coverage, because she recently was diagnosed with Hashimoto’s disease, an autoimmune disorder that attacks the thyroid gland. She said she had to search for her Medicaid card to fill the prescription that followed, having barely used it in the year in a half she’s been covered.

She also worries about her son’s Medicaid. A nursing home is not a realistic option, considering his needs. His coverage doubles as Gallagher’s only source of income and also pays for other caregivers, when she can find them, who give her breaks to tend to her own health and to her aging parents.

But nearly all in-home services like those Daniel receives are optional programs that states are not required to include in their Medicaid programs. And the magnitude of the cuts being proposed have prompted fears that the optional programs could be chopped.

“It would destroy our lives,” Gallagher said. “The only income we would have would be Daniel’s Social Security.”

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2054969
Trump Decried Crime in America, Then Gutted Funding for Gun Violence Prevention https://kffhealthnews.org/news/article/gun-violence-prevention-trump-cuts-st-louis/ Thu, 05 Jun 2025 09:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=2042321 ST. LOUIS — Violent crime was already trending down from a covid-era spike when President Donald Trump presented a picture of unbridled crime in America on the campaign trail in 2024. Now his administration has eliminated about $500 million in grants to organizations that buttress public safety, including many working to prevent gun violence.

In Oakland, California, a hospital-based program to prevent retaliatory gun violence lost a $2 million grant just as the traditionally turbulent summer months approach. Another $2 million award was pulled from a Detroit program that offers social services and job skills to young people in violent neighborhoods. And in St. Louis, a clinic treating the physical and emotional injuries of gunshot victims also lost a $2 million award.

They are among 373 grants that the U.S. Department of Justice abruptly terminated in April. The largest share of the nixed awards were designated for community-based violence intervention — programs that range from conflict mediation and de-escalation to hospital-based initiatives that seek to prevent retaliation from people who experience violent injuries.

Gun violence is among America’s most deadly public health crises, medical experts say.

Among programs whose grants were terminated were those for protecting children, victims’ assistance, hate-crime prevention, and law enforcement and prosecution, according to an analysis by the Council on Criminal Justice, a nonpartisan think tank. The grants totaled $820 million when awarded, but some of that money has been spent.

“Not only are these funds being pulled away from worthy investments that will save lives,” said Thomas Abt, founding director of the Violence Reduction Center at the University of Maryland, “but the way that this was done — by pulling authorized funding without warning — is going to create a lasting legacy of mistrust."

The Justice Department “is focused on prosecuting criminals, getting illegal drugs off the streets, and protecting all Americans from violent crime,” according to a statement provided by agency spokesperson Natalie Baldassarre. “Discretionary funds that are not aligned with the administration’s priorities are subject to review and reallocation, including funding for clinics that engage in race-based selectivity.”

The Council on Criminal Justice analysis of the terminated grants found that descriptions of 31% of them included references to “diversity,” “equity,” “race,” “racial,” “racism,” or “gender.”

Baldassarre’s statement said the department is committed to working with organizations “to hear any appeal, and to restore funding as appropriate.” Indeed, it restored seven of the terminated grants for victims’ services after Reuters reported on the cuts in April.

But the cuts have already prompted layoffs and reductions at other organizations around the country. Five groups filed a lawsuit on May 21 to restore the grants in their entirety.

Joseph Griffin, executive director of the Oakland nonprofit Youth Alive, which pioneered hospital-based violence intervention in the 1990s, said his organization had spent only about $60,000 of its $2 million grant before it was axed. The grant was primarily to support the intervention program and was awarded for a three-year period but lasted just seven months. The money would have helped pay to intervene with about 30 survivors of gun violence to prevent retaliatory violence. He’s trying to find a way to continue the work, without overtaxing his team.

“We will not abandon a survivor of violence at the hospital bedside in the same way that the federal government is abandoning our field,” he said.

Related Links

The cuts are also hitting St. Louis, often dogged by being labeled one of the most dangerous cities in America. The city created an Office of Violence Prevention with money available under former President Joe Biden, and various groups received Justice Department grants, too.

Locals say the efforts have helped: The 33% drop in the city’s homicide rate from 2019 to 2024 was the second-largest decrease among 29 major cities examined by the Council on Criminal Justice.

“I don't think there's any doubt that there's some positive impact from the work that's happening,” said University of Missouri-St. Louis criminologist Chris Sullivan, who received a grant from the Justice Department to assess the work of the city’s new Office of Violence Prevention. That research grant remains in place.

But the Justice Department slashed two other grants in St. Louis, including $2 million for Power4STL. The nonprofit operates the Bullet Related Injury Clinic, dubbed the BRIC, which provides free treatment for physical and mental injuries caused by bullets.

The BRIC had about $1.3 million left on its grant when the award was terminated in April. LJ Punch, a former trauma surgeon who founded the clinic in 2020, said it was intended to fund a mobile clinic, expand mental health services, evaluate the clinic’s programs, and pay for a patient advisory board. The BRIC won't abandon those initiatives, Punch said, but will likely need to move slower.

Keisha Blanchard joined the BRIC’s advisory board after her experience as a patient at the clinic following a January 2024 gun injury. Someone fired a bullet into her back from the rear window of a Chevy Impala while Blanchard was out for a lunchtime stroll with a friend from her neighborhood walking group. The shooting was random, Blanchard said, but people always assume she did something to provoke it. “It’s so much shame that comes behind that,” she said.

The 42-year-old said the shooting and her initial medical treatment left her feeling angry and unseen. Her family wasn’t allowed to be with her at the hospital since the police didn’t know who shot her or why. When she asked about taking the bullet out, she was told that the common medical practice is to leave it in. “We're not in the business of removing bullets,” she recalled being told. At a follow-up appointment, she said, she watched her primary care doctor google what to do for a gunshot wound.

“Nobody cares what's going to happen to me after this,” Blanchard recalled thinking.

Before she was referred to the BRIC, she said, she was treated as though she should be happy just to be alive. But a part of her died in the shooting, she said. Her joyful, carefree attitude gave way to hypervigilance. She stopped taking walks. She uprooted herself, moving to a neighborhood 20 miles away.

The bullet stayed lodged inside her, forcing her to carry a constant reminder of the violence that shattered her sense of safety, until Punch removed it from her back in November. Blanchard said the removal made her feel “reborn.”

It’s a familiar experience among shooting survivors, according to Punch.

“People talk about the distress about having bullets still inside their bodies, and how every waking conscious moment brings them back to the fact that that's still inside,” Punch said. “But they're told repeatedly inside conventional care settings that there's nothing that needs to be done.”

The Justice Department grant to the BRIC had been an acknowledgment, Punch said, that healing has a role in public safety by quelling retaliatory violence.

“The unhealed trauma in the body of someone who's gotten the message that they are not safe can rapidly turn into an act of violence when that person is threatened again,” Punch said.

Community gun violence, even in large cities, is concentrated among relatively small groups of people who are often both victims and perpetrators, according to researchers. Violence reduction initiatives are frequently tailored to those networks.

Jennifer Lorentz heads the Diversion Unit in the office of the St. Louis Circuit Attorney, the city’s chief prosecutor. The unit offers mostly young, nonviolent offenders an opportunity to avoid prosecution by completing a program to address the issues that initially led to their arrest. About 80% of the participants have experienced gun violence and are referred to the BRIC, Lorentz said, calling the clinic critical to her program’s success.

“We're getting them these resources, and we're changing the trajectory of their lives,” Lorentz said. “Helping people is part of public safety.”

Punch said the BRIC staffers were encouraged during the Justice Department application process to emphasize their reach into St. Louis’ Black community, which is disproportionately affected by gun violence. He suspects that emphasis is why its grant was terminated.

Punch likened the grant terminations to only partially treating tuberculosis, which allows the highly infectious disease to become resistant to medicine.

“If you partially extend a helping hand to somebody, and then you rip it away right when they start to trust you, you assure they will never trust you again,” he said. “If your intention is to prevent violence, you don't do that.”

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2042321
Volunteers Help Tornado-Hit St. Louis Amid Wait for Federal Aid https://kffhealthnews.org/news/article/saint-st-louis-missouri-tornado-disaster-recovery-fema-community-volunteers/ Thu, 22 May 2025 12:15:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=2038905 ST. LOUIS — Kevin Hines has been living in a house without a roof in the days since a tornado devastated his community. He has seen some of his neighbors sleeping in their cars. A different man has spent untold hours on a bench.

In the aftermath of the May 16 tornado, Hines, 60, has a blue tarp covering his home. Still, rain came in three days later — an expected problem in a house without a roof. But he didn’t think wildlife would be an issue. Then a bird landed on his television. He spotted a squirrel on the sofa.

He already has enough to handle. He’s not sure when his home will be repaired. A toppled tree destroyed the purple Jeep he bought only months ago. His job told employees not to come into work because the building was damaged.

The tornado cut a 23-mile-long path, touching down in the affluent suburb of Clayton, Missouri, before ripping through the north side of the city of St. Louis then across the Mississippi River through communities in western Illinois. At least five people were killed, 38 more were injured, and about 5,000 structures were damaged, according to St. Louis Mayor Cara Spencer. The twister caused more than $1.6 billion in estimated property damage.

While the impact was felt throughout the area, it will take some neighborhoods longer than others to recover. Kayla Reed, a community activist who runs the Action St. Louis nonprofit, which is coordinating help for storm victims, said residents in the predominantly Black area known as North City especially face a long set of challenges in the days ahead.

“A natural disaster met a created one and a systemic one,” Reed said. “They’ve sort of been in a long-term storm all of their lives. If you live in this footprint, you know this is where infant mortality is highest. This is where incarceration rates are highest. This is where poverty rates are highest.”

Food and water aid provide some relief, Reed said, but the community needs more than that. “I can’t put into words how long it’s going to take to stabilize some of these families and how much trauma they are navigating,” she said.

A possible source of major aid is the federal government, which can unlock resources at the president’s discretion. But Missouri is already waiting for President Donald Trump to approve federal assistance for damage left by three sets of storms in March and April that killed 19 people in the state. Trump has denied major disaster requests from West Virginia and Washington this year, and initially denied one for storm and tornado damage in Arkansas before reversing course and approving the request May 13.

Black families here in North St. Louis are worried that their community will not be prioritized.

On May 19, Missouri Gov. Mike Kehoe, a Republican, requested that Trump issue a federal emergency declaration, which would authorize about $5 million in federal assistance for cleanup efforts. Kehoe also requested that the Federal Emergency Management Agency conduct a preliminary damage assessment, a necessary step to securing a “major disaster declaration,” which would provide federal resources for homeowners and renters, reimburse local government efforts, and pay for damaged public infrastructure.

FEMA was on the ground two days later helping conduct damage assessments. But a disaster declaration could take weeks, if it comes.

“Bringing FEMA in, it’s my understanding, is not going to be a quick process,” the mayor said at a May 21 press conference. “All elected officials at every level here are doing everything they can to make that process as quick as possible.”

That includes Republican U.S. Sen. Josh Hawley, who asked Homeland Security Secretary Kristi Noem during an oversight hearing May 20 to help expedite the pending aid requests from Missouri’s three previous storms and for the recent tornado. “Yes, absolutely,” she responded.

While the city waits, thousands of volunteers have shown up to the parking lot of the YMCA’s O’Fallon Park Rec Complex in North St. Louis in what they are calling the “People’s Response” to help residents in need. So far, they’ve helped more than 5,000 families. Volunteers have collected more than 17,280 pounds of food, according to Action St. Louis.

The last time such an outpouring occurred around here, according to locals, was in 2014 after the police killing of Michael Brown in nearby Ferguson. Rasheen Aldridge, an alderman who represents part of the storm-affected area, said some of the same activists who showed up then made it a point to help now.

Hines, too, looked for ways to help his neighbors. He became an unofficial traffic director at the YMCA as thousands of cars streamed into the area to get help — or provide it.

“It’s not about me,” Hines said. “I’m staying until no one is here because there’s nothing to do at my house. I have no power.”

Residents in North City described the moments after the storm as chaos: trees down everywhere; power lines damaged; limited cellphone service, making it hard to connect with loved ones. Then the sun went down, cloaking corners of the city in complete darkness.

Five days after the tornado, people still needed candles, flashlights, and batteries to make it through the night. Piles of debris filled street corners. Exterior walls were ripped off homes, exposing the inside of closets, bedrooms, and living rooms to passersby on the street. Some buildings were leveled. The downed trees in the tornado’s path left a scar in the city’s canopy visible from miles away.

The tornado flipped a semitrailer outside a new gas station and strip mall that had been scheduled to open this fall. One evening, Charles Stanford, a security guard for the property, sat in the parking lot to make sure no one tried to enter what remained of the building. Stanford said the project had been nearly complete. Now, it is surrounded by rubble and debris.

A giant tree crashed into the house of one of Hines’ neighbors. He said the woman recently had heart surgery and had been recovering at home. But then she went back to the hospital, and he thinks stress after the tornado may be why. Hines was planning to bring her a few Hershey’s Kisses, her favorite candy, to lift her spirits.

Shannette BoClair, 52, said she found her infirm father, Albert Noble, on the floor in the fetal position after the tornado passed her parents’ home. A window had imploded and strong winds knocked him down. BoClair called 911 but, she said, first responders were overwhelmed by calls for help and tree-blocked streets. Her father needed medical attention right away, she said, so his family helped him hobble a mile to his grandson, who drove him to a triage station that had been set up for tornado victims.

They learned he had broken his hip, she said. He had surgery within days.

BoClair, who works as a health and wellness director at the YMCA, said she’s helping care for her mother, who remained at home after the storm. BoClair is depending on meals provided by volunteers and staffers at the YMCA but said she had also spent about $500 on DoorDash meals to feed her family since the tornado hit.

As far as federal aid goes, BoClair said she hopes it comes soon. The community needs dumpsters for the debris, reconstruction, and more.

But the outpouring of support from volunteers amazed her. The People’s Response drew so many volunteers that lines of cars snaked outside of the YMCA parking lot in North City. The smell of barbecue wafted through the air as residents without electricity grilled food for one another before it spoiled.

“I’m so proud of our community,” BoClair said. “They say we don’t care. We do care.”

Reed said volunteers would be stationed in the YMCA’s parking lot for a few more days. But, she said, that doesn’t mean the job ends there. The community will need more help to rebuild.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2038905